El Gobierno de Javier Milei anunció nuevas acciones judiciales contra empresas vinculadas con proyectos de exploración y explotación de petróleo en las islas Malvinas, en una nueva escalada de la disputa de soberanía que Argentina mantiene con el Reino Unido. Buenos Aires sostiene que las compañías operan sin autorización argentina y que sus actividades vulneran las leyes nacionales.
La ofensiva comenzó con una denuncia penal presentada contra cinco empresas: Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. El Gobierno argentino también advirtió que las acciones judiciales podrían extenderse a directores, gerentes, administradores y otras personas vinculadas con las decisiones empresariales.
El proyecto Sea Lion está en el centro de la disputa
Uno de los principales focos es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. El proyecto es desarrollado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 %, y la británica Rockhopper Exploration, que controla el 35 % restante.
Las empresas prevén comenzar la producción en 2028, con una primera fase que contempla una extracción de alrededor de 50.000 barriles de petróleo diarios. Tanto Navitas como Rockhopper sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y han señalado que las acciones del Gobierno argentino no deberían afectar de manera significativa el desarrollo del proyecto.
Buenos Aires amplía las denuncias
El Gobierno de Milei anunció que las nuevas denuncias no se limitarán a las compañías. La estrategia busca identificar a las personas que participaron directamente en las decisiones relacionadas con las actividades petroleras y establecer posibles responsabilidades individuales bajo la legislación argentina.
Argentina también inició procedimientos administrativos contra decenas de empresas y accionistas relacionados con actividades hidrocarburíferas en las Malvinas. El Ejecutivo afirma que utilizará las herramientas legales disponibles para impedir operaciones que considere contrarias a los derechos que reclama sobre el territorio y sus recursos naturales.
La Justicia argentina ya ordenó frenar Sea Lion
La disputa dio un nuevo giro el 16 de septiembre, cuando la jueza federal Mariel Borruto ordenó suspender el avance del proyecto Sea Lion. La medida cautelar impide, entre otras actividades, realizar nuevas perforaciones, instalar infraestructura submarina, construir instalaciones portuarias o comenzar la extracción comercial de hidrocarburos.
La decisión fue adoptada en una causa impulsada por organizaciones ambientalistas y excombatientes argentinos, que argumentaron posibles daños ambientales y cuestionaron el desarrollo del proyecto sin una evaluación de impacto ambiental bajo la legislación argentina. La propia resolución reconoce que la aplicación práctica de la medida depende de la cooperación internacional y de la actuación de las empresas.
