El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido entregar un pago de US$5.000 a cada ciudadano estadounidense adulto si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas de noviembre. Trump presentó la propuesta como el llamado “dividendo Trump”, que, según la Casa Blanca, sería financiado gracias a los ingresos generados por los aranceles.
La promesa no significa que el dinero esté asegurado
Aunque Trump puede realizar esta promesa durante una campaña electoral, no tiene autoridad para ordenar por sí solo un pago de esta magnitud. La Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de aprobar el gasto de fondos públicos, por lo que sería necesaria una ley que autorice el programa y establezca de dónde saldrá el dinero.
El problema es también financiero. Estados Unidos tiene alrededor de 245 millones de ciudadanos adultos, por lo que entregar US$5.000 a cada uno supondría un costo aproximado de US$1,2 billones (US$1,2 trillion). Los ingresos obtenidos mediante aranceles están muy lejos de alcanzar esa cantidad.
¿Podría considerarse compra de votos?
La cuestión jurídica más polémica es si la promesa constituye una forma ilegal de compra de votos. La legislación estadounidense prohíbe ofrecer dinero a cambio del voto de una persona concreta. Sin embargo, los expertos citados por medios estadounidenses señalan que una promesa general de política económica no necesariamente equivale a pagar a los ciudadanos para que voten por un candidato.
Un precedente importante es una decisión de la Corte Suprema de 1982, que estableció que las promesas de beneficios económicos realizadas durante una campaña pueden estar protegidas como discurso político. La diferencia clave sería que Trump está prometiendo un beneficio para todos los adultos si los republicanos ganan, no ofreciendo los US$5.000 a una persona a cambio de que vote de determinada manera.
El verdadero obstáculo sería el Congreso
Incluso si la promesa no viola las leyes electorales, su ejecución dependería del Congreso. Los legisladores tendrían que aprobar los fondos y definir las condiciones para distribuirlos.
Además, existe una enorme diferencia entre que Trump pueda hacer la promesa políticamente y que el Gobierno pueda cumplirla legalmente. Un profesor de Derecho Constitucional citado por CBS señaló que el presidente no dispone actualmente de una autorización presupuestaria que permita realizar un pago de US$5.000 a cada adulto estadounidense.
¿Alcanzaría el dinero de los aranceles?
Trump y el vicepresidente JD Vance han señalado los aranceles como una posible fuente de financiación. Sin embargo, los cálculos disponibles muestran una brecha considerable: FactCheck.org estima que se necesitarían más de seis años de ingresos arancelarios para reunir el equivalente a un solo año de esos pagos, y eso suponiendo que todo ese dinero pudiera destinarse al programa.
Por eso, economistas y analistas fiscales advierten que el programa podría terminar aumentando considerablemente el déficit y la deuda federal si no existiera una fuente adicional de financiación. También existe preocupación por sus posibles efectos sobre la inflación y las tasas de interés.
Una promesa legal, pero lejos de estar garantizada
En resumen, Trump puede hacer legalmente una promesa electoral de este tipo, y por sí sola no constituye necesariamente una compra ilegal de votos. Pero eso no significa que pueda entregar los US$5.000 automáticamente si los republicanos ganan.
Para convertir el anuncio en realidad tendría que superar obstáculos políticos, presupuestarios y legales, además de conseguir que el Congreso autorice el gasto. Por ahora, el “dividendo Trump” es una propuesta electoral, no un pago aprobado ni garantizado para los ciudadanos estadounidenses.
