El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue incluido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en una lista de funcionarios señalados por corrupción. Washington afirmó que Mariaca habría abusado de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y permitir que criminales violentos evadieran la justicia. La medida incluyó la revocación de su visa y restricciones para sus familiares directos.
La acusación todavía no constituye una sentencia judicial. Estados Unidos no ha hecho públicos todos los elementos que sustentan sus señalamientos, mientras que Mariaca rechazó las acusaciones y defendió la independencia de la Fiscalía.
El Gobierno de Rodrigo Paz pide pruebas
La primera respuesta del Gobierno de Rodrigo Paz fue solicitar a Estados Unidos información complementaria y elementos probatorios que permitan conocer el fundamento de las acusaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó los señalamientos como “muy graves” y afirmó que serán tomados con seriedad.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, también confirmó que se iniciará una investigación sobre las personas incluidas en la lista estadounidense. Según explicó, las autoridades bolivianas deberán analizar la información y, si corresponde, adoptar acciones legales.
¿Qué puede ocurrir con Mariaca?
Por el momento, el Gobierno no anunció la destitución del fiscal general. El Ejecutivo señaló que cualquier actuación debe realizarse dentro del marco institucional y respetando los procedimientos establecidos por la legislación boliviana.
Sin embargo, la situación podría adquirir una dimensión judicial mayor si Estados Unidos entrega información adicional o si las investigaciones bolivianas encuentran elementos que permitan establecer responsabilidades. El ministro Justiniano incluso señaló que el caso podría eventualmente derivar en una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, aunque aclaró que esa decisión correspondería a las autoridades estadounidenses.
El Legislativo pide que se aparte del cargo
La Asamblea Legislativa también reaccionó al caso. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, solicitaron que Mariaca se aparte temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen las acusaciones.
Los legisladores plantearon además solicitar oficialmente a Estados Unidos los documentos y antecedentes del caso y anunciaron la posibilidad de conformar una comisión parlamentaria para investigar los señalamientos.
La posición del Legislativo, sin embargo, no equivale a una destitución. Mariaca fue designado fiscal general en 2024 por un periodo de seis años, por lo que cualquier cambio en su situación debe seguir los mecanismos previstos por la legislación boliviana.
Mariaca rechaza las acusaciones
El fiscal general negó las acusaciones estadounidenses y afirmó que continuará con las investigaciones que corresponden a su gestión. En una declaración pública defendió la soberanía y la independencia institucional y sostuvo que la decisión de Washington no debería afectar las atribuciones constitucionales del Ministerio Público.
Mariaca también vinculó su respuesta con varias investigaciones sensibles que actualmente están en curso, entre ellas el proceso relacionado con el argentino Fernando Cerimedo y las pesquisas conocidas como el caso de las “narcomaletas” y las investigaciones sobre combustibles.
