La Administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció el 9 de octubre de 2026 nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), pocas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay recibiera el Premio Nobel de la Paz. La medida intensifica las tensiones entre Washington y el tribunal con sede en La Haya, encargado de investigar y juzgar los crímenes internacionales más graves.
Washington busca limitar las operaciones del tribunal
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció las sanciones y sostuvo que su Gobierno no permitirá que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses. Washington también ha criticado las investigaciones del tribunal relacionadas con funcionarios estadounidenses y dirigentes israelíes.
Las nuevas medidas restringen las transacciones con la institución y su acceso a servicios financieros y tecnológicos de Estados Unidos. Además, las empresas afectadas dispondrán de un periodo de 180 días para poner fin a sus relaciones comerciales con el tribunal, según informaciones publicadas por medios internacionales
La Corte Penal Internacional rechaza las sanciones
La CPI condenó la decisión estadounidense y afirmó que representa un intento de obstaculizar su trabajo independiente. La institución advirtió que las medidas pueden afectar sus operaciones y dificultar la cooperación de empresas y organizaciones que le proporcionan servicios.
La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, defendió la continuidad de su mandato y pidió respaldo internacional para proteger su independencia. La corte aseguró que continuará con sus investigaciones y procesos judiciales pese a las restricciones.
