Desde la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez ha impulsado una serie de reformas que suponen un claro distanciamiento del “socialismo del siglo XXI” impulsado por Hugo Chávez y continuado por Maduro.Estas medidas, aprobadas por un Parlamento de mayoría chavista, buscan la supervivencia del chavismo en el poder mediante un pragmatismo económico que abre la puerta al capital privado y a los organismos financieros internacionales.A continuación, tres ejemplos clave de este cambio:
1. Regreso a los mercados internacionales
El 13 de mayo, el gobierno anunció un proceso de reestructuración de la deuda externa y de Petróleos de Venezuela (PDVSA), con el objetivo de renegociar plazos, obtener condonaciones y liberar al país de una carga que se estima entre 170.000 y 190.000 millones de dólares.Además, Venezuela restableció relaciones con el FMI y el Banco Mundial, instituciones que Chávez y Maduro criticaron duramente durante años. Los bonos del país y de PDVSA repuntaron tras el anuncio, aunque analistas advierten que el proceso será largo y complejo.
2. Revisión del aparato empresarial estatal
El 22 de abril, Rodríguez instaló una comisión para revisar las más de 900 empresas públicas con el fin de transferir al sector privado o liquidar aquellas “no necesarias” para el Estado.Esta medida ha generado críticas incluso dentro del chavismo, que cuestiona si la corrupción y la militarización —y no la existencia de empresas estatales— fueron las verdaderas causas del colapso económico. Organizaciones como Transparencia Venezuela exigen claridad para evitar adjudicaciones opacas.
3. Apertura de los sectores petrolero, minero y laboral
Las reformas exprés a las leyes de Hidrocarburos y Minas abren la explotación de recursos naturales al capital privado nacional e internacional, revirtiendo las nacionalizaciones de Chávez.Además, se creó una comisión para reformar la Ley Orgánica del Trabajo con participación de empresarios y sindicatos. Estos cambios han sido calificados por sectores radicales del oficialismo como una “violación de la soberanía”.
Reacciones y perspectivas
Analistas como Carmen Beatriz Fernández y Moisés Durán coinciden en que el desmantelamiento del modelo económico chavista es más radical de lo que incluso la oposición había propuesto. Desde el oficialismo, se defiende esta línea como “pragmatismo” necesario para evitar una nueva intervención o una guerra civil. Sin embargo, Durán advierte que, al priorizar la supervivencia política, la élite chavista está sacrificando no solo su proyecto ideológico, sino también la autonomía del Estado venezolano.
