El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó este viernes 14 de noviembre de 2025 una resolución histórica que extiende el mandato de la Misión Independiente de Investigación sobre Sudán para indagar urgentemente las presuntas violaciones graves del derecho internacional en Al-Fashir, la capital de Darfur Norte capturada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR o RSF, por sus siglas en inglés) el 26 de octubre. La decisión, aprobada por consenso en una sesión especial solicitada por Reino Unido, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Noruega, insta a identificar a los responsables —incluidos líderes y aliados— para su eventual procesamiento judicial, rompiendo el ciclo de impunidad que ha marcado el conflicto desde abril de 2023. El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, abrió la sesión alertando que “manchas de sangre en el suelo de Al-Fashir fueron fotografiadas desde el espacio”, describiendo las atrocidades como “previsibles y evitables” pero ignoradas por la comunidad internacional.
La guerra civil entre el Ejército Sudanés (SAF) y las FAR ha causado decenas de miles de muertes —al menos 40.000 según estimaciones de la ONU—, desplazado a 12 millones de personas y provocado la peor crisis humanitaria global, con hambruna confirmada en Al-Fashir y Kadugli. Tras 18 meses de asedio, la toma de Al-Fashir por las FAR ha desatado una oleada de violencia: ejecuciones sumarias por motivos étnicos (especialmente contra la etnia zaghawa no árabe), violaciones en grupo a cientos de mujeres y niñas en rutas de escape, secuestros, saqueos, destrucción de infraestructura vital y ataques a trabajadores humanitarios. Testimonios recopilados por la ONU y ONGs como ACNUR revelan que al menos 460 pacientes y familiares fueron masacrados en el Hospital Materno Saudí, el único centro médico parcialmente operativo, mientras fosas comunes y “corredores de terror” en caminos a Tawila (50 km al sur) muestran un patrón de “limpieza étnica”. Más de 100.000 personas han huido en las últimas dos semanas, muchas a campos como Al-Dabbah, pero miles permanecen atrapados sin acceso a ayuda, exacerbando brotes de cólera (120.000 casos, 3.494 muertes) y malaria.
Aunque la resolución condena las acciones de las FAR —descritas como una “campaña coordinada contra civiles” con uso sistemático del hambre como arma—, también abarca violaciones por parte del Ejército Sudanés, acusado de bombardeos indiscriminados en mercados, aldeas y hospitales. El embajador sudanés Hassan Hamid Hassan denunció una “guerra existencial” y apuntó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) por “apoyar con equipo militar” a las FAR, que niegan las acusaciones pese a informes de la ONU sobre envíos de drones y mercenarios. El enviado de la Unión Africana y ONU para prevención de genocidios, Adama Dieng, advirtió que “el riesgo de genocidio es real y crece cada día”, evocando las masacres de Darfur en 2003-2005, cuando las milicias Janjaweed (predecesoras de las FAR) causaron 300.000 muertes. La Misión de Investigación, liderada por Mona Rishmawi, ha recopilado testimonios de sobrevivientes en Tawila, incluyendo violaciones públicas sin represalias, y urge investigaciones independientes para preservar evidencia ante el bloqueo de comunicaciones en la zona.
