La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este jueves 27 de enero de 2026 por unanimidad una reforma a la Ley de Hidrocarburos que flexibiliza la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en la explotación petrolera. El cambio, impulsado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, revierte décadas de estricto control estatal (vigente desde la nacionalización de 1976 y endurecido por Hugo Chávez en 2007). La reforma busca atraer inversión masiva para rescatar una industria en ruinas, con las mayores reservas probadas del mundo pero producción colapsada por mala gestión, sanciones y falta de capital.
¿En qué consiste la reforma?
- Permite a empresas privadas (nacionales o extranjeras) operar campos petroleros mediante contratos aprobados, con mayor control sobre proyectos y acceso directo a ganancias.
- En empresas conjuntas con PDVSA (estatal), se reduce el control mayoritario histórico de la compañía pública.
- Facilita la explotación de reservas sin la barrera del 60-70% de participación obligatoria de PDVSA en proyectos.
- Mantiene a PDVSA como actor central, pero abre la puerta a socios con tecnología y capital.
¿A quién beneficia?
- Empresas petroleras extranjeras (Chevron ya opera con licencia especial; se espera retorno de ExxonMobil, Total, Eni, Repsol y otras que abandonaron o redujeron presencia).
- Gobierno interino de Delcy Rodríguez: Cumple una exigencia clave de EE.UU. para negociar alivio de sanciones y venta de crudo.
- Economía venezolana: Aumento de producción podría generar ingresos masivos (Trump prometió US$100.000 millones de inversión de compañías estadounidenses).
- PDVSA: Acceso a tecnología moderna y capital para reparar infraestructura deteriorada.
Contexto y exigencias de EE.UU.
La reforma responde directamente a demandas de Washington tras la captura de Maduro. Trump y Marco Rubio han presionado para que PDVSA ceda control en proyectos y permita exportaciones directas. El Tesoro de EE.UU. emitió el mismo día una licencia general que autoriza transacciones con PDVSA y el gobierno interino (excluyendo Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba). Las ganancias irán a cuentas supervisadas (inicialmente en Qatar) para financiar servicios públicos (policía, saneamiento, medicinas).
Reacciones
- Jorge Rodríguez (presidente Asamblea): “Hemos hecho mucho más competitiva la contratación para explotar las mayores reservas del planeta”.
- Delcy Rodríguez: Respaldó la ley como paso hacia recuperación económica.
- Oposición tradicional (María Corina Machado y aliados): No se pronunció de inmediato, pero históricamente critica cualquier reforma que no implique cambio político profundo.
- Analistas: Podría atraer inversión, pero éxito depende de estabilidad política, levantamiento total de sanciones y confianza jurídica (muchas empresas exigen compensación por expropiaciones pasadas).
