El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez (PSOE), aprobó este 27 de enero de 2026 un Real Decreto de regularización extraordinaria que permitirá regularizar a más de 500.000 personas extranjeras en situación irregular o solicitantes de protección internacional. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo calificó como “un día histórico” y una medida “necesaria para reconocer la realidad que existe en nuestras calles”. El proceso busca simplificar trámites, romper barreras burocráticas y garantizar integración plena, con autorización de residencia y trabajo desde el primer momento tras la admisión a trámite.
¿En qué consiste exactamente el plan?
- Requisitos principales:
- Estar en España (o ser solicitante de protección internacional) antes del 31 de diciembre de 2025.
- Acreditar permanencia de más de 5 meses en el país (con documentos públicos, privados o combinación: empadronamiento, contratos de alquiler, citas médicas, certificados sociales, envíos de remesas, etc.).
- No tener antecedentes penales ni suponer amenaza para el orden público.
- Plazos:
- Solicitudes: desde principios de abril hasta finales de junio de 2026.
- Resolución: máximo 3 meses (pero con admisión a trámite en 15 días ya se podrá trabajar legalmente).
- Beneficios inmediatos:
- Autorización provisional de residencia y trabajo (por 1 año) desde el primer día tras admisión.
- Suspensión de procedimientos de expulsión o retorno durante la tramitación.
- Acceso a derechos como asistencia sanitaria y seguridad social.
- Posibilidad de solicitar autorización ordinaria al finalizar el año.
- Integración familiar:
- Hijos/as de solicitantes obtendrán permiso de 5 años.
- Tramitación:
- Aprobado por Real Decreto (sin pasar por Congreso, donde PP y Vox se oponen).
- Audiencia pública, informes ministeriales y Consejo de Estado antes de entrada en vigor.
¿A quién beneficia principalmente?
- Personas en situación irregular con más de 5 meses en España (estimadas en más de 500.000).
- Solicitantes de asilo o protección internacional.
- Familias (incluidos hijos/as).
- Empresas y empleadores: ganan seguridad jurídica al poder contratar legalmente a trabajadores ya presentes.
- Sociedad en general: se reconoce la realidad migratoria, se reduce economía sumergida y se fomenta integración.
Reacciones
- A favor:
- Conferencia Episcopal: “Buena noticia que aporta al bien común y reconoce dignidad”.
- Más de 600.000 firmas de iniciativa legislativa popular (bloqueada desde 2024) y apoyo de entidades religiosas, sociales, anarquistas y empresariales.
- En contra:
- PP (Ester Muñoz): “Regularizaciones masivas son ilegales… hay que hacerlo persona a persona”.
- Vox: “Locura y barbaridad”, recurrirá ante Tribunal Supremo; fomenta “efecto llamada” y atenta contra identidad nacional.
