Ecuador vive este domingo 16 de noviembre de 2025 una jornada electoral crucial con un referéndum y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa, en un contexto de crisis de seguridad sin precedentes y polarización política. Con 13,9 millones de votantes habilitados —incluyendo cerca de 470.000 en el exterior, como 196.000 en España—, el proceso marca la segunda consulta de Noboa tras la de abril de 2024, que aprobó medidas contra el crimen organizado. El voto es obligatorio, con multas de hasta 32.900 USD por infracciones como fotografiar la papeleta, y se desarrolla en 4.463 recintos bajo vigilancia de la Misión de Observación Electoral de la OEA, liderada por Nicolás Albertoni. Hasta el mediodía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó un 41,39% de participación, con normalidad general pese a incidentes aislados, como un enfrentamiento entre simpatizantes de Noboa (ADN) y correístas en Madrid. La papeleta incluye cuatro preguntas que podrían reformar la Constitución de 2008, revertir políticas correístas y redefinir el modelo de Estado, en un país que acumula más de 7.000 homicidios en 2025 y una tasa de 39 por 100.000 habitantes, la más alta de Latinoamérica.
Las cuatro preguntas, aprobadas por la Corte Constitucional tras un proceso que involucró 15 propuestas iniciales de Noboa, abordan temas sensibles de soberanía y reformas institucionales. La Pregunta A (referéndum): “¿Está de acuerdo con eliminar la prohibición constitucional para el establecimiento y la cesión de bases militares extranjeras en Ecuador?” busca revertir el artículo 5 de la Constitución de 2008, que prohíbe instalaciones militares foráneas. Noboa propone bases en Manta y Salinas (Manabí) para cooperación con EE.UU. contra el narcotráfico, descartando Galápagos; críticos, como Revolución Ciudadana (RC) y CONAIE, lo ven como cesión de soberanía y riesgo ambiental. La Pregunta B (referéndum): “¿Está de acuerdo con eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos?” eliminaría subsidios estatales, afectando a formaciones menores y favoreciendo a grandes donantes privados, en un intento de “limpiar” la política. La Pregunta C (referéndum): “¿Está de acuerdo con modificar el sistema electoral y reducir el número de asambleístas?” propone bajar de 137 a 100 legisladores para “eficiencia”, ajustando circunscripciones y umbrales, aunque la Corte rechazó inicialmente por ambigüedad. Finalmente, la Pregunta D (consulta popular): “¿Está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución?” abriría un proceso para una Carta Magna que endurezca penas contra el crimen, atraiga inversión y debilite protecciones laborales y ambientales, con aprobación posterior en referéndum.
El contexto es de alta tensión: Noboa, reelegido en abril de 2025 con 56% frente a Luisa González (RC), gobierna un país asediado por carteles como Los Lobos y Los Choneros, aliados a internacionales, que controlan prisiones y puertos. Su “Plan Fénix” expandió el rol militar, pero la violencia persiste con masacres carcelarias y protestas indígenas. La oposición —RC, CONAIE y Pachakutik— llama al “No” masivo, acusando a Noboa de neoliberalismo y autoritarismo, mientras el Gobierno moviliza 118.000 efectivos para seguridad electoral. Noboa votó temprano en Santa Elena, defendiendo el proceso como “democrático” contra “criminales”, y la vicepresidenta Verónica Abad urgió unidad. En el exterior, votación avanza en España y EE.UU., con reportes de normalidad pese a choques menores. Analistas ven el referéndum como “eterno” en Ecuador —el décimoquinto desde 1978—, usado por líderes para sortear bloqueos institucionales, pero con riesgo de fatiga ciudadana.
