El Decreto Supremo 5503, conocido como “Decreto por la Patria”, promulgado el 17 de diciembre por el presidente Rodrigo Paz Pereira, ha desencadenado una fuerte reacción social en Bolivia. La eliminación de la subvención a los combustibles, que implica aumentos significativos en los precios de gasolina y diésel, provocó inmediatas protestas, colas en gasolineras y alzas espontáneas en tarifas de transporte público.Desde la madrugada del 18 de diciembre, se registraron extensas filas en estaciones de servicio por temor a desabastecimiento, cierre de algunos comercios y enfrentamientos entre transportistas y usuarios. El ajuste recuerda el “gasolinazo” de 2010 bajo Evo Morales, que también generó masivas movilizaciones y obligó al gobierno a retroceder.
Ultimátums y convocatorias a medidas de presión
Varios sectores otorgaron un plazo de 24 horas al Ejecutivo para derogar el decreto:
- La Confederación de Choferes convocó un ampliado nacional para el sábado y advirtió bloqueos si no se abroga la norma.
- La Federación de Juntas Vecinales de El Alto declaró estado de emergencia y amenazó con acciones por afectar la “seguridad alimentaria”.
- La Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTCB) exigió la renuncia de Paz si no retrocede, calificando la medida como “atentatoria” contra la economía popular.
- La Central Obrera Boliviana (COB) llamó a un ampliado de emergencia para el viernes 19 en La Paz, tildando el decreto de “cobarde conducta” y “atentado contra el pueblo”.
Incluso el vicepresidente Edman Lara, junto a bancadas opositoras en la Asamblea, rechazó el paquete económico por generar “más pobreza y desempleo”.
Contexto y defensa del Gobierno
Paz, quien cumple poco más de un mes en el cargo tras asumir el 8 de noviembre, justificó la medida como necesaria para estabilizar una economía en crisis, con reservas agotadas y déficit fiscal. Aunque incluye alzas sociales (salario mínimo a Bs 3.300, Renta Dignidad a Bs 500), el foco en el retiro de subsidios ha dominado el rechazo.Analistas advierten que esta crisis pone a prueba la capacidad de diálogo del gobierno centroderechista, en un país con tradición de movilizaciones sociales que han derrocado presidentes. Por ahora, no hay señales de retroceso, pero un ampliado de transportistas este fin de semana podría escalar el conflicto.
